El Gobierno nacional aprobó este miércoles la ampliación del plazo para el “apagón analógico”, un proceso que implica el cese de las emisiones de televisión analógica para dar paso definitivo a la señal digital. La medida, anunciada por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, responde a la realidad de que muchas familias en el país aún no cuentan con televisores digitales, lo que podría afectar su acceso a la información, un derecho fundamental según la Constitución.
De acuerdo con el Decreto Supremo aprobado, el plazo del apagón analógico se extenderá en dos fases. Para las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Viacha, Vinto, Warnes y El Torno, la transición se aplaza hasta mayo de 2026. Por otro lado, en localidades como Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y otras con menos de 40 mil habitantes, la fecha límite será mayo de 2028. En las regiones restantes del país, el apagón se postergará hasta 2030.
El ministro Montaño explicó que la decisión fue tomada tras la realización de estudios en las principales ciudades del país, donde se constató que muchas familias aún utilizan televisores antiguos que dependen de la señal analógica. Asimismo, la medida contó con la consulta a gerentes de canales de televisión para asegurar que la población, especialmente en zonas con menos recursos, no quede excluida del acceso a la información.
El apagón estaba inicialmente programado para el 30 de noviembre de 2023. Sin embargo, las autoridades consideraron que extender el plazo permitirá que más personas puedan adquirir dispositivos compatibles con la señal digital, que ofrece una serie de beneficios como una mejor calidad de imagen, audio superior, acceso a menús interactivos, selección de idiomas y la posibilidad de disfrutar la televisión desde dispositivos móviles como celulares o tablets.
La transición hacia la televisión digital fue establecida en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (Ley 164), promulgada el 8 de agosto de 2011. Esta ley regula el cambio de tecnología en el país, que busca modernizar las telecomunicaciones y ofrecer mejores servicios a la población.
El Gobierno aseguró que esta ampliación se ha socializado no sólo con operadores de televisión, sino también con la ciudadanía, para que la transición sea inclusiva y no afecte el derecho de los bolivianos a estar informados.