El Gobierno Nacional presentó este martes la Norma Nacional para la Calificación, Registro y Carnetización de Personas con Discapacidad, que busca reducir los tiempos de trámite y modernizar el proceso mediante la digitalización. Esta medida permitirá obtener el Carnet de Discapacidad en 4 días en áreas urbanas y 6 días en áreas rurales, en contraste con los tiempos previos de 6 y 8 días respectivamente.
El anuncio, realizado en La Paz por el Ministerio de Salud y Deportes, responde al Decreto Supremo N° 5305 firmado por el presidente Luis Arce. Este decreto establece que los carnets para discapacidad moderada y grave tendrán una vigencia de seis años, garantizando mayor eficiencia y acceso a los derechos de este sector.
Simplificación y digitalización del proceso
Entre las principales novedades de la norma destaca la renovación automática del carnet, la eliminación del requisito del croquis domiciliario y la aceptación de informes médicos generales para casos evidentes, agilizando la calificación de las discapacidades.
Además, la digitalización del sistema incluye formularios en línea y automatización de cálculos de porcentajes, reduciendo costos al eliminar los documentos impresos. Este enfoque busca mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los beneficios establecidos por la ley.
Resultados actuales y alcance
Hasta diciembre de 2024, 115.816 personas habían obtenido el Carnet de Discapacidad en Bolivia. Santa Cruz lidera con 29.649 beneficiarios, seguido de La Paz (27.014) y Cochabamba (17.074). Este documento, tramitado a través de las Unidades Especializadas de cada departamento, permite acceder a beneficios legales, económicos y sociales.
Un esfuerzo técnico y colaborativo
La elaboración de la norma contó con aportes de especialistas nacionales e internacionales, incluyendo la Sociedad de Psiquiatría de Bolivia, la Sociedad de Neurología Pediátrica y la Organización Panamericana de la Salud. Su desarrollo se basó en estándares como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).
Con estas medidas, el Gobierno refuerza su compromiso con un sistema inclusivo y accesible, alineado con los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.