El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la extradición del exjefe antidrogas boliviano Maximiliano Dávila a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por brindar apoyo logístico y protección al narcotráfico. A pesar de esta decisión, el Gobierno nacional aún no ha sido formalmente notificado, pero asegura que ejecutará el proceso con celeridad.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó que la Dirección General del Régimen Penitenciario no ha recibido la notificación con la resolución del TSJ. Sin embargo, subrayó que las acciones pertinentes se tomarán de inmediato una vez que la notificación sea formalizada. “Bolivia no es refugio de narcotraficantes”, declaró Ríos, reafirmando el compromiso del país con la justicia internacional.
Procedimientos pendientes
Ríos explicó que, como parte del procedimiento, también se debe notificar a la Fiscalía General y al juzgado cautelar involucrado. Además, enfatizó la importancia de coordinar con las autoridades consulares para garantizar que la extradición se realice dentro de los plazos establecidos. Aunque aún no se conoce el contenido formal de la resolución, aseguró que las acciones iniciales ya están en marcha.
“Se lo va a hacer con toda la rapidez y la oportunidad posible, enviando un mensaje claro al mundo entero de que Bolivia no es refugio para narcotraficantes”, agregó el viceministro en entrevista con Unitel. También precisó que el país enviará a las personas acusadas en otras naciones para que enfrenten la justicia correspondiente.
Controversia y recurso legal
El abogado de Dávila, Manolo Rojas, rechazó la decisión del TSJ y anunció que presentará un recurso de complementación y nulidad. Argumentó que su defendido no puede ser extraditado debido a que enfrenta un proceso judicial en curso en Bolivia y citó disposiciones del tratado de extradición que supuestamente lo impedirían.
A pesar de esta oposición, Ríos aseguró que el Gobierno dará cumplimiento al procedimiento. Destacó que nueve magistrados del TSJ votaron a favor de la extradición, mientras que solo dos vocales se opusieron. Además, recordó que el presidente del TSJ, Marco Jaimes, señaló que los delitos imputados a Dávila en Estados Unidos tienen penas que van de 20 a cadena perpetua.
Acusaciones y antecedentes
Dávila está acusado de colaborar con una organización dedicada al refinamiento y exportación de cocaína desde Bolivia hacia Estados Unidos, además de estar vinculado al tráfico de armas. Investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, revelaron que dicha organización operaba en conexión con capos del narcotráfico de la región.
Según Ríos, estos elementos forman parte de la resolución del TSJ, y se espera conocer más detalles una vez que se tenga acceso formal al documento. También explicó que la prioridad de esta organización era la exportación de cocaína, aunque también traficaba otras sustancias y armas.
Impacto y próximos pasos
El caso de Maximiliano Dávila tiene implicaciones significativas para Bolivia, tanto en su imagen internacional como en su lucha contra el narcotráfico. El Gobierno, al priorizar la rapidez y transparencia en este proceso, busca reafirmar su compromiso con la colaboración internacional y el cumplimiento de la justicia.
Se espera que, una vez recibida la notificación oficial, las autoridades bolivianas actúen de manera coordinada para garantizar que la extradición se lleve a cabo sin contratiempos y bajo los lineamientos legales establecidos.