En un sombrío balance del año, Bolivia enfrenta una alarmante cifra de violencia letal con 49 feminicidios y 19 infanticidios registrados hasta la fecha, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. La mayoría de estos crímenes se concentraron en el departamento de La Paz, lo que resalta la urgencia de abordar esta crisis social.
Según los datos proporcionados por Lanchipa, del total de feminicidios, La Paz encabeza la lista con 13 casos, seguido por Cochabamba y Santa Cruz con 10 cada uno. Otros departamentos afectados incluyen Tarija con 5 casos, Oruro con 4, Potosí con 3, y tanto Chuquisaca como Beni con 2 cada uno.
El fiscal general enfatizó que, aunque la prevención de la violencia no es competencia directa del Ministerio Público, la institución sigue comprometida en llevar adelante las investigaciones necesarias. “Una de las tareas que es fundamental es la prevención, lo cual no corresponde al Ministerio Público. Nosotros llevamos adelante las investigaciones de aquellos hechos de violencia que terminan, lastimosamente, con la vida de mujeres”, explicó Lanchipa.
En un dato revelador, se informó que el 98% de los autores de feminicidio están identificados, lo que pone en evidencia el desafío pendiente de llevar a los responsables ante la justicia y de fortalecer las medidas preventivas.
Por otro lado, los infanticidios también presentan cifras preocupantes, con un total de 19 casos. La Paz nuevamente es el departamento con el mayor número de estos crímenes, registrando 11 casos, seguido por Santa Cruz con 4, y Cochabamba y Oruro con 2 cada uno.
Lanchipa hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para que estas cifras despierten una preocupación a nivel nacional y se tomen las medidas necesarias. “Estas cifras deben generar siempre una preocupación a nivel nacional, a través de aquellas autoridades que están llamadas por ley a llevar adelante acciones preventivas”, insistió.
La magnitud de estos números subraya la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de todas las instituciones involucradas, así como de una reflexión profunda sobre las raíces de esta violencia. La protección de los más vulnerables y la erradicación de la violencia de género deben ser una prioridad en la agenda nacional.