El 26 de septiembre, la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusándolo de estupro y trata de personas. Sin embargo, este miércoles, una jueza de Santa Cruz revocó esta medida, tras una acción de libertad presentada por la defensa del expresidente.
Carlos Romero, exministro de Gobierno y aliado de Morales, calificó la orden de aprehensión como “arbitraria” y “políticamente motivada”. Según Romero, la fiscal Sandra Gutiérrez, desde Tarija, emitió la resolución basándose en que Morales no tiene un domicilio conocido y podría influir en el proceso judicial. “Evo Morales está siendo criminalizado por movilizarse en favor del pueblo”, declaró en una conferencia de prensa.
La acusación formal, que incluye cargos graves como estupro y trata de personas, habilitaba a cualquier autoridad policial a ejecutar la aprehensión en territorio boliviano. No obstante, la jueza cruceña consideró que la orden no cumplía con los requisitos legales, por lo que decidió revocarla, generando reacciones mixtas.
Mientras los seguidores del MAS ven el proceso como un intento de persecución política, el gobierno de Luis Arce aún no ha emitido una postura oficial sobre el caso. Romero, por su parte, insistió en que Morales enfrenta una “persecución política” y evitó revelar su paradero, aunque dejó entrever que la situación ha sido compleja para el exmandatario debido a la falta de garantías judiciales.