La Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Régimen Disciplinario y Transparencia Institucional, puso en vigencia este jueves de forma oficial el Sistema Informático “JL Transparencia”, que coadyuvará en la gestión de denuncias por presuntos hechos de corrupción.
El nuevo sistema fue desarrollado por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Público, en el marco del proyecto “Acceso a Justicia Para Todos y Reforma del Sistema”, financiado por la Unión Europea, con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
“Para materializar la reingeniería del Ministerio Público hemos desarrollado un moderno sistema informático denominado Justicia Libre que se constituye en un referente tecnológico en el sistema de justicia de nuestro país, no solo por la calidad y las bondades del servicio que brinda, sino por la seguridad que otorga a los usuarios, en ese sentido, ponemos en vigencia el Sistema JL Transparencia, que permitirá que los procesos sean en plazos oportunos”, explicó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Destacó que las principales características del Sistema “JL Transparencia” son la incorporación de notificaciones electrónicas, firma digital, aprobación de documentos con Ciudanía Digital, módulo de control de plazos, conexión con otros sistemas internos y externos, así como la posibilidad de generar reportes en línea en tiempo real, entre otros.
Troels Vester, en representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, destacó el plan institucional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
“Estoy seguro que con estas herramientas y mecanismos digitales, no solo se está beneficiando la institución, sino también a los usuarios, quienes podrán ver satisfecha sus necesidades de justicia con mayor celeridad y eficiencia”, dijo.
El “JL Transparencia” forma parte del Ecosistema “Justicia Libre” del Ministerio Público y fue diseñado con el objetivo de coadyuvar en la gestión de denuncias por presuntos hechos de corrupción en el marco de la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y así otorgar una respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía que realiza denuncias de estos hechos.