La Fiscalía de Chuquisaca decidió ratificar el sobreseimiento que se dictó a favor de 12 imputados, implicados en el denominado ‘caso coimas’ en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Además, determinó el archivo de obrados y el cese de toda medida cautelar.
“Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, el suscrito fiscal departamental de Chuquisaca (…) ratifica el sobreseimiento, emitido por el Fiscal de Materia (…) disponiendo en consecuencia la conclusión del proceso, debiendo procederse a la cesación de toda medida cautelar dispuesta en su contra, así como la cancelación de sus antecedentes penales respecto a la presente causa, conforme regula el Art. 324 del CPP”, señala la resolución jerárquica emitida el 30 de junio y suscrita por el fiscal departamental, Édgar Aramayo.
El 22 de mayo, el fiscal de materia emitió una resolución de sobreseimiento a favor de los 12 implicados en el caso: Cristian Mendieta Cordero, Juan Carlos Hidalgo Chura, Javier López Quespi, Said Martínez Carballo, Cosme Agostopa Chaparro, Deymer Quispe Valencia, Carlos Chipana Vargas, Hernán Palacios Marquez, María Galeguillos Arce, Jesús Aguilar, William Mamani Loza y el súbdito chino, Zhengyuan Jin.
Los 12 estaban acusados de distintos delitos y en muchos casos se repetían cohecho pasivo, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles, uso de instrumento falsificado, cohecho activo, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y falsedad ideológica.
De acuerdo a la resolución explica cada una de las pruebas o indicios que se obtuvieron en la etapa preparatoria, en las cuales se establece que no existen elementos suficientes para continuar con la investigación del caso. Por ejemplo, con relación a los documentos que hubieran sido cambiados la fiscalía señala que, si bien existen imágenes de las hojas, no se conoce si estas fueron tomadas cuando se presentaba la propuesta o en otro momento.
“Si bien se tienen imágenes de distintas hojas señaladas como parte de la propuesta de China Harbour que a decir del testigo solo son algunas de las que se hubiesen cambiado y sobre las que supo debido a que prestó su celular a uno de los técnicos de Jin, ya que él se encontraba en el patio del Hotel, empero tampoco se tiene determinado el momento en el que hubiesen sido tomadas, es decir que, deja duda en cuanto a que pudo habérselo hecho antes de su presentación y no precisamente en el momento en el cual se indica por el testigo”, señala el documento.
Asimismo, el testigo protegido o denominado (AA1) dijo que la comisión de calificación de la ABC sustituyó el informe de evaluación a las empresas proponentes para beneficiar a la empresa china Harbour (Chec), la resolución establece que no se encontraron irregularidades en el proceso de adjudicación.
“No se tiene datos que conlleven a determinar que la Comisión de Calificación presidida por Javier López Quespi, Said Martínez Carballo, Cosme Gudelio Agostopa Chaparro, Carlos Rafael Chipana Vargas, Deymer Quispe Valencia y Juan Carlos Chura Hidalgo, haya generado un informe anticipado, esperando se materialicen subsanaciones a la propuesta de la empresa CHEC, teniéndose al contrario el Informe de Evaluación y Recomendación INE/CÜM.CAL/GRCH/2022-01 que en relación a la fecha y condiciones de su emisión no ha sido sustentado se haya labrado en un momento distinto al 05 de enero de 2022 o que en su defecto se la hubiese realizado pese a la existencia de errores”, dice la resolución de archivo.
En septiembre de 2022 el diputado Héctor Arce denunció ante la fiscalía que funcionarios de la ABC pactaron una coima de Bs 18 millones de la empresa china Harbour (Chec), a cambio de adjudicarle la construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparaez, que es un proyecto de Bs 456 millones.
Impugnación
El 29 de mayo, el Viceministerio de Trasparencia presentó un memorial impugnando la decisión de la fiscalía de emitir una resolución de sobreseimiento, donde cuestiona que no se valoraron los indicios que se obtuvieron en este caso.
El 30 de mayo, el Diputado arce también impugnó la resolución conclusiva de la fiscalía donde observa varias incongruencias. Empero, el Ministerio de Obras Públicas también presentó una objeción en la que pide que la investigación prosiga contra la notaria de fe pública Isabel Galleguillos porque existen elementos para probar que uso documentación falsificada.
Todos los recursos fueron desestimados por el fiscal porque no especificaban las irregularidades que encontraron en la investigación, tampoco señalan de forma puntual sus observaciones.