El expresidente Evo Morales ofreció una retractación pública tras las acusaciones sin pruebas que lanzó contra César Siles, actual ministro de Justicia, cuando este ocupaba el cargo de Procurador General del Estado. Morales había afirmado que Siles supuestamente solicitó 40 mil dólares a militares detenidos por el caso del presunto golpe de Estado, una acusación que finalmente se demostró infundada.
El abogado defensor de Morales, Nelson Cox, confirmó que la retractación fue aceptada en una audiencia judicial. Solo resta que esta se publique en un medio de circulación nacional, lo cual está programado para este fin de semana.
La controversia se originó el 26 de julio de 2024, cuando Morales aseguró, sin respaldo probatorio, que Siles exigió dinero a 10 militares procesados como condición para su liberación. En respuesta, el ministro de Justicia presentó una denuncia penal por difamación y calumnias el 15 de agosto de ese año.
En el documento de retractación firmado el 23 de enero de 2025, Morales expresó: “Me retracto de forma completamente voluntaria […] ofreciendo mis disculpas al mencionado querellado, aclarando que las palabras que he vertido se han emitido sin la intención de mellar su honor y dignidad”.
César Siles, a través de su cuenta oficial en la red social X, confirmó haber recibido las disculpas del exmandatario. “La justicia y la verdad deben prevalecer sobre la difamación y el agravio infundado. La ética debe ser una premisa en el ejercicio político”, señaló.
Este episodio se enmarca en un contexto de crecientes problemas legales para Morales, quien enfrenta al menos ocho procesos judiciales en su contra. Entre estos casos destaca una acusación por la presunta comisión de trata de personas y un mandamiento de aprehensión vigente en Tarija.
La retractación del exmandatario no solo cierra este caso específico, sino que también pone de manifiesto las tensiones políticas y jurídicas que rodean al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Morales continúa siendo una figura central y controvertida en la política boliviana, en medio de desafíos legales que afectan su papel en el escenario nacional.
