La reciente promulgación del Decreto Supremo 5200 en Bolivia impone a las sociedades comerciales la obligación de informar al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) sobre los accionistas finales que controlan las empresas. Esta medida, que responde a la necesidad de combatir el lavado de dinero, requiere que las empresas proporcionen información detallada sobre sus beneficiarios finales, en conformidad con el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 4904 del 5 de abril de 2023.
La normativa establece un marco legal que facilita la recopilación de datos sobre las personas naturales que poseen o controlan una empresa, ya sea de forma directa o indirecta. Se considera beneficiario final a cualquier persona con una participación del 20% o más en las acciones de una sociedad, o que ejerza control a través de otros medios. En los casos en que no se pueda identificar un accionista mayoritario, el decreto estipula que el beneficiario final será la persona que ocupe el puesto gerencial de mayor rango.
Roberto Carlo Gil, abogado experto en temas legales y tributarios, destaca que esta regulación busca fortalecer la labor de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), permitiendo una mejor identificación de los verdaderos controladores de las empresas, especialmente aquellas con estructuras complejas o poco transparentes. “El objetivo del decreto es revelar a los auténticos controladores y mitigar el riesgo de actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales”, explicó Gil. No obstante, el experto también advirtió sobre los riesgos asociados al manejo indebido de esta información, que podría ser utilizada para fines no previstos si no se gestiona con la debida cautela.
El incumplimiento de esta normativa conllevará sanciones por parte de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), de acuerdo con la Ley 685 de 2015, que regula la reestructuración y liquidación voluntaria de empresas. Además, el Seprec tendrá la responsabilidad de reportar a la AEMP cualquier omisión en la declaración o actualización de la información sobre los beneficiarios finales, lo que podría derivar en penalidades para las empresas infractoras.
A nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda la implementación de medidas eficaces para prevenir el uso indebido de personas jurídicas en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En línea con estas directrices, Bolivia busca garantizar que la información sobre los beneficiarios finales de las empresas sea precisa, oportuna y accesible para las autoridades competentes.
Este decreto representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia financiera en el país, imponiendo una mayor transparencia en las operaciones empresariales y asegurando que las sociedades comerciales operen bajo un escrutinio más riguroso.