El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha decidido proceder con las elecciones judiciales de manera parcial, limitando el proceso a solo cuatro departamentos, luego de analizar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las declaraciones emitidas en el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia. La votación está programada para el 15 de diciembre, pero debido a la falta de condiciones necesarias, no se realizará de manera integral en todo el país.
En un comunicado oficial, el TSE explicó que tomó esta decisión en respuesta a la sentencia del TCP, que limita la ejecución de estas elecciones. A pesar de los compromisos asumidos en el ámbito legislativo y gubernamental, el TSE considera que no se han asegurado los recursos ni el marco legal adecuados para una elección completa y segura. La Asamblea Legislativa aún no ha aprobado una ley que garantice protección a las autoridades electorales frente a posibles procesos penales derivados de sus funciones en el proceso electoral. Asimismo, no ha emitido un rechazo formal a la sentencia del TCP, lo que ha generado incertidumbre en la organización de las elecciones.
Factores económicos y apoyo gubernamental
La decisión del TSE se ve aún más compleja debido a la falta de recursos financieros garantizados para cubrir los gastos del proceso electoral en su totalidad. Aunque el demandante ha solicitado desembolsos para el avance de las elecciones, la falta de un compromiso financiero claro y de apoyo de algunos sectores del Órgano Ejecutivo refuerzan la incertidumbre sobre la viabilidad de llevar adelante una elección nacional. Según el TSE, estas carencias los han dejado “prácticamente solos” en la defensa de un proceso integral y técnicamente fiable.
Implicaciones para la democracia en Bolivia
La determinación del TSE de llevar a cabo elecciones judiciales de forma parcial pone en relieve las tensiones actuales entre el ente electoral, el legislativo y el judicial en Bolivia. Para los ciudadanos, la realización parcial de estos comicios implica un desafío significativo en la consolidación de un sistema judicial democrático y transparente. Las limitaciones del proceso electoral podrían afectar la confianza pública en la justicia, ya que solo una parte de los cargos judiciales en el país serán elegidos bajo los estándares democráticos establecidos.
El TSE ha reafirmado su compromiso con la democracia y la transparencia electoral, destacando su papel como órgano independiente. Sin embargo, la situación genera interrogantes sobre el futuro del proceso electoral en Bolivia y el papel del Estado en asegurar elecciones justas y completas.