El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha decidido tomar acciones legales ante la reciente paralización de las elecciones judiciales, tras el fallo de un Tribunal de Garantías del Beni y una Sala Constitucional de Pando. El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, anunció que se interpondrá una medida cautelar para revertir esta decisión, calificando la intervención judicial como una “extralimitación” de funciones.
Vargas expresó su desacuerdo con la determinación judicial, señalando que el fallo compromete el desarrollo del proceso electoral, el cual se divide en dos fases: la primera, a cargo de la Asamblea Legislativa, que evalúa la meritocracia de los candidatos; y la segunda, bajo la responsabilidad del TSE, encargado de llevar a cabo las elecciones. El vicepresidente criticó que la Justicia pretenda revisar y cuestionar la labor del Órgano Legislativo y del TSE, sugiriendo que ello posiciona al tribunal electoral como un “superpoder”, lo que consideró inapropiado.
“Vamos a realizar todas las acciones legales necesarias porque creemos que la Sala Constitucional se ha extralimitado en su análisis. Este fallo pone en riesgo la institucionalidad democrática, algo que no habíamos visto en los últimos años”, afirmó Vargas, advirtiendo que el TSE no permitirá que se vulneren sus atribuciones constitucionales.
El conflicto judicial ha generado incertidumbre en torno a la realización de las elecciones judiciales, un proceso clave para renovar el poder judicial del país. Para el TSE, este fallo no solo atenta contra su autonomía, sino también contra la democracia, al frenar un proceso electoral que, según Vargas, debe seguir su curso conforme a lo estipulado por la Constitución.
La medida cautelar que interpondrá el TSE busca revertir la decisión de los tribunales, con el objetivo de retomar el cronograma electoral y garantizar la participación ciudadana en la elección de las nuevas autoridades judiciales.