El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reafirmó la suspensión parcial de las elecciones judiciales en Bolivia, dejando en vilo la renovación de altos cargos en el sistema de justicia. En respuesta a un recurso de aclaración presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TCP emitió el Auto Constitucional 0084/2024-ECA, confirmando que las elecciones quedan suspendidas para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando y del propio TCP en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
El 7 de noviembre, el TCP había declarado desierta la convocatoria electoral en estas jurisdicciones, lo que motivó al TSE a convocar a una reunión de alto nivel para abordar el tema. En esta reunión, los asistentes manifestaron un rechazo categórico a la sentencia del TCP y exigieron el respeto de la Ley 1549, que establece el marco regulador para las elecciones judiciales. La reunión concluyó con un respaldo firme al TSE en sus esfuerzos por llevar adelante el proceso electoral y una demanda a la Asamblea Legislativa para que defina su postura respecto a estas elecciones.
La situación ha generado una serie de repercusiones en el ámbito nacional e internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación, alertando que la demora en la elección de magistrados en las máximas instancias judiciales podría debilitar la legitimidad del sistema de justicia y comprometer el Estado de derecho en Bolivia. La CIDH señaló que la falta de designación de nuevas autoridades podría afectar la vigencia de los derechos humanos y la solidez democrática del país.
Este proceso, en el que convergen disputas políticas e institucionales, también deja en evidencia la compleja situación del sistema judicial boliviano, con implicaciones profundas para el país. La incertidumbre sobre el proceso electoral no solo afecta a los votantes, sino que plantea interrogantes sobre la continuidad y legitimidad de las instituciones que administran justicia en Bolivia.