ANF.- El Gobierno central envió un proyecto de ley para la aplicación de manillas electrónicas en el sistema de medidas cautelares o detención preventiva sólo para los acusados por delitos de violencia.
El proyecto de Ley 358/2022-2023 de “uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia” fue presentada por el presidente Luis Arce el 20 de abril y remitida a la Cámara de Diputados el 26 de abril.
La iniciativa apunta a regular el uso de tobilleras o manillas electrónicas “como medida de protección especial a víctimas de violencia cuando esté en riesgo su vida o como medida cautelar de carácter personal”.
La fundamentación de motivos del proyecto subraya que, hasta enero de este año, las personas privadas de libertad, “entre recluidas sin determinación de culpabilidad o inocencia en detención preventiva o sentenciada”, alcanzaron aproximadamente a 24.913, de los cuales 8.553 (34.33%) cuentan con sentencia y 16.360 (65.67%) son detenidos preventivos.
El ámbito de aplicación es para evitar que la víctima de violencia tome contacto con su agresor y también podría ser usada como medida cautelar de carácter personal. Se prevé que la medida se aplique por un lapso de seis meses, conforme a procedimiento legal de la autoridad jurisdiccional.
El proyecto está hecho sólo para las personas víctimas violencia y no aplicará para sustituir la detención preventiva que tengan que ver con los siguientes delitos:
“a) Delitos en los que la Constitución Política del Estado prevé imprescriptibilidad; b) Delitos de feminicidio, infanticidio, parricidio, asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, secuestro, violación, violación de infante, niña, niño o adolescente; c) Delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y financiamiento al terrorismo;”
Además de “d) Delitos contemplados en la Ley N° 1008, de 19 de julio de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, excepto cuando las imputadas sean mujeres embarazadas o con hijos menores a seis (6) años; asimismo, mujeres con hijas o hijos con discapacidad grave o muy grave; e) Delitos de tenencia, porte o portación y uso de armas convencionales y tráfico ilícito de armas; y f) Delitos cuya victima sea niña, niño o adolescente, adulto mayor, o persona con discapacidad”.
El documento al que accedió a la ANF dice que el encargado del rastreo será la Policía Boliviana llevando un registro con la asignación de turnos. Se prevé que las manillas serán financiadas por el Ministerio de Gobierno y por donaciones internas.
El proyecto de ley consta de 25 artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.