El Gobierno nacional ha confirmado que no anulará la disposición adicional séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE-2025), que permite el decomiso de bienes en casos de contrabando y acaparamiento de productos esenciales. En su lugar, las autoridades anunciaron la elaboración de un anteproyecto de reglamentación y un decreto supremo para aclarar el alcance de la norma, asegurando que no afectará a comerciantes minoristas ni a productores legalmente establecidos.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que la derogación de la disposición no es competencia del Órgano Ejecutivo, sino del Legislativo. “No podemos derogar, abrogar ni modificar una ley desde el Ejecutivo. Nuestra obligación es cumplir con su mandato”, afirmó. Silva enfatizó que la norma está diseñada exclusivamente para combatir actividades ilícitas como el contrabando y el acaparamiento de alimentos básicos, sin perjuicio para los sectores productivos o gremiales.
Rechazo y movilizaciones
Pese a las aclaraciones gubernamentales, empresarios, gremialistas y transportistas han manifestado su rechazo a la medida. Este jueves se llevará a cabo en Sucre un tercer encuentro multisectorial para evaluar posibles movilizaciones en contra de la disposición.
César González, dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, calificó las reuniones previas con el Gobierno como “simulacros” y acusó a las autoridades de no responder técnicamente a las preocupaciones del sector.
Diálogo y propuestas
El miércoles, el Gobierno se reunió con representantes gremiales para discutir el alcance de la disposición séptima. Silva informó que, aunque no se alcanzaron acuerdos, se presentó un anteproyecto de reglamentación que excluiría expresamente al comercio minorista y a los productores legales de su aplicación. “Están pidiendo garantías claras de que la disposición no los afectará, y estamos trabajando en eso”, aseguró.
A pesar de los intentos de acercamiento, las tensiones persisten. Silva reiteró que el Gobierno continuará convocando a los sectores involucrados para avanzar en la reglamentación, mientras los gremialistas exigen compromisos por escrito para evitar que la norma impacte sus actividades.
Contexto y posibles impactos
La disposición adicional séptima ha generado un intenso debate en Bolivia debido a su posible impacto en la cadena de suministro y el comercio minorista. El Gobierno sostiene que la medida busca combatir delitos económicos que afectan a la población, como el desabastecimiento de productos básicos. No obstante, sectores empresariales y gremiales temen que su aplicación pueda extenderse más allá de sus objetivos iniciales, alimentando un clima de desconfianza y protestas.
El anuncio de una reglamentación y un decreto supremo busca disipar estas inquietudes. Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad del Gobierno para conciliar las preocupaciones de los sectores afectados con sus objetivos de control del contrabando y el acaparamiento.