El Ministerio de Educación anunció que las unidades educativas privadas no podrán aumentar las pensiones escolares durante este año, en cumplimiento de la Resolución Ministerial 01-2025. La medida, orientada a proteger la economía de las familias bolivianas y a garantizar el acceso universal a la educación, establece sanciones estrictas para quienes incumplan la normativa.
La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Viviana Mamani Laura, subrayó que el gobierno será inflexible en la aplicación de esta disposición. “Está terminantemente prohibido que se incremente el monto de las pensiones”, afirmó. Mamani también advirtió que los colegios que violen la normativa se enfrentarán a sanciones que van desde llamadas de atención y multas hasta la clausura definitiva de las instituciones.
En los próximos días, el ministro de Educación, Omar Veliz, se reunirá con representantes de las juntas de padres de familia para detallar los alcances de la norma y atender inquietudes sobre su implementación.
Rechazo de los colegios privados
La medida ha generado críticas por parte de la Asociación Departamental de Colegios Privados (Andecop) de Santa Cruz. Su vocero, Marco Choque, expresó su desacuerdo y recordó que, desde 2020, durante la pandemia, el sector no ha podido ajustar las pensiones pese a los incrementos salariales que enfrenta cada año.
“Es insostenible seguir operando en estas condiciones. Ya hay al menos 10 colegios que cerraron en los últimos años debido a la crisis económica, y más podrían cerrar si no se reconsidera esta política”, afirmó Choque. Asimismo, adelantó que el sector continuará insistiendo en un ajuste, aunque el porcentaje específico aún está en discusión.
Choque argumentó que los costos operativos de los colegios han aumentado significativamente, lo que dificulta mantener los estándares de calidad educativa sin una actualización en las tarifas.
Detalles de la normativa
La Resolución Ministerial 01-2025 prohíbe de manera explícita cualquier incremento en las pensiones escolares durante el año en curso. También impide el cobro de tarifas adicionales por conceptos como matrícula, material educativo o gastos administrativos.
El cumplimiento de esta normativa es obligatorio para todas las unidades educativas privadas que forman parte del Subsistema de Educación Regular, y su supervisión será estricta, según adelantaron las autoridades.