RT.- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se pronunció en la rueda prensa tras la decisión del Gobierno de asaltar la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, que se escondía allí.
“La decisión del Gobierno fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente de un ciudadano requerido por la Justicia”, afirmó la canciller.
La ministra aseguró que el Gobierno ecuatoriano, de acuerdo con la Convención de Viena, había pedido a la Embajada mexicana que entregara a Glas. La Embajada mexicana al recibirlo impidió que Glas cumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia lo que terminó “contraviniendo el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados” por parte de México.
“No es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes”, afirmó.
Además, la ministra subraya que en Ecuador no se persigue a ninguna persona por “opiniones políticas”. “Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales”, añadió Sommerfeld.
“El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, y quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político religioso o étnico”, manifestó la canciller.
Asalto a la Embajada de México
La Policía Nacional de Ecuador irrumpió la noche del viernes en la Embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente ecuatoriano, a quien Andrés Manuel López Obrador, otorgó asilo diplomático.
En este contexto, el Gobierno de México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, denunciando “la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”.
Diferentes países latinoamericanos han condenado el asalto y han manifestado su profunda preocupación por los hechos ocurridos. Los presidentes de Venezuela, Honduras, Colombia, Cuba, Bolivia, los Gobiernos de Chile y Perú, las autoridades de Guatemala, así como los Ministerios de Asuntos Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay rechazaron la violación del derecho internacional por parte de las autoridades ecuatorianas.
Por su parte, el Gobierno de Nicaragua anunció el sábado la ruptura de “toda relación diplomática” con Ecuador.