Pocas horas después de que trascendiera que Ecuador había convocado al embajador argentino, Gabriel Fuks, para responder consultas en torno al escape de la exministra María de los Ángeles Duarte de la embajada de ese país en Quito, el Gobierno de Guillermo Lasso declaró persona no grata al representante diplomático argentino en el país andino y le pedirá que abandone el país.
Duarte estaba refugiada en la sede diplomática argentina en la capital ecuatoriana desde hacía más de dos años y medio para evitar ir a la cárcel por una condena en un caso de corrupción en el que también está involucrado el expresidente Rafael Correo.
En medio del escándalo, el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, brindó una conferencia de prensa en la que reveló que, por un lado, “no hay registro de que ha salido de manera regular de Ecuador” y tampoco “hay registros de que Duarte haya entrado a Colombia de manera regular”.
“Esperaremos que esta decisión no perjudique mayormente a la relación que ha sido tradicionalmente buena, basada en el respeto mutuo”, agregó Holguín, que además adelantó que le darán un “tiempo prudencial” a Fuks para que deje Quito.
El jefe de la diplomacia ecuatoriana, además, dijo que el Gobierno de Guillermo Lasso espera que este “momento de tensión provocado por un factor externo” sea superado entre ambas naciones sudamericanas.
En noviembre pasado, el gobierno de Ecuador fue enfático en recordar a Argentina que, según las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción, no se podía conceder el asilo a la exministra pues fue condenada por corrupción. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández le otorgó el asilo diplomático a Duarte en diciembre de 2022.
La huida de Duarte, de acuerdo con Infobae, se trata de un movimiento secreto que autorizó la Cancillería argentina con la instrucción de Alberto Fernández. Y mientras tanto, el canciller Santiago Cafiero guarda las formas ante los reclamos del presidente Guillermo Lasso y su canciller Juan Carlos Holguín, que exigen más de una explicación oficial del gobierno argentino.