En medio de la controversia generada por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que habilita el decomiso de productos en caso de presunto encarecimiento de precios, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, aclaró que la medida no entrará en vigencia hasta que se emita su reglamentación.
“Esta normativa requiere ajustes y consensos antes de ser implementada. El reglamento establecerá con claridad los alcances de la medida para garantizar que no afecte al comercio minorista”, señaló Silva, en un intento de calmar las tensiones ante la movilización multisectorial convocada para este 13 de enero por gremiales y otros sectores económicos.
Acuerdos preliminares con gremiales
El viceministro Silva sostuvo una reunión con representantes gremiales de La Paz, El Alto y Beni el viernes pasado, donde se abordaron las preocupaciones del sector respecto a la disposición. Como resultado del encuentro, se acordó que el reglamento será elaborado con participación gremial y que incluirá salvaguardas para proteger a los comerciantes minoristas. Además, se propuso replicar reuniones similares en las distintas federaciones departamentales del país.
Pedro Valda, dirigente gremial participante en la reunión, confirmó que su sector colaborará en la elaboración del reglamento mediante mesas técnicas. Sin embargo, enfatizó que su organización no respaldará las movilizaciones convocadas por la Confederación Nacional de Gremiales.
Divisiones internas y continuidad de las protestas
En contraste, Edgar Álvarez, vicepresidente de la Confederación Nacional de Gremiales, ratificó que las movilizaciones seguirán adelante. El dirigente cuestionó las reuniones entre Silva y otros representantes gremiales, calificándolas de “alineadas con el Gobierno”. Además, indicó que las protestas no solo buscan rechazar la disposición adicional, sino también exigir soluciones a la crisis económica que afecta al país.
La controvertida disposición establece que las entidades competentes podrán realizar controles, fiscalizaciones y decomisos de productos si detectan prácticas que encarezcan alimentos esenciales. También obliga a los actores de la cadena productiva a declarar información sobre producción, transformación y comercialización, siguiendo reglamentos que serán emitidos por los Ministerios de Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo.
Un escenario de creciente conflicto
Aunque el Gobierno intenta apaciguar los ánimos al enfatizar que la normativa no será aplicada de inmediato, la tensión persiste en un contexto de creciente malestar económico. Los sectores movilizados se preparan para salir a las calles, reflejando el descontento con las políticas económicas y el temor a que estas medidas afecten la actividad comercial y productiva.
La falta de consenso entre el Gobierno y los sectores gremiales podría intensificar el conflicto en los próximos días, configurando un inicio de año marcado por la incertidumbre y la polarización. Por ahora, el país observa expectante el desenlace de las negociaciones y el impacto de las movilizaciones anunciadas.