En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la Ley Transitoria para la selección y designación del Fiscal General del Estado, enviándola de vuelta al Senado para su revisión final. La aprobación de la norma, que fue respaldada por más de dos tercios del pleno, ocurre en medio de un intenso debate político sobre la independencia del sistema judicial en Bolivia.
La ley, que busca establecer un marco transitorio para la designación del nuevo Fiscal General, fue inicialmente aprobada en grande por la Cámara Baja la noche del miércoles. Sin embargo, tras su aprobación en detalle, se introdujeron modificaciones que obligaron a que el proyecto sea devuelto al Senado para su consideración final.
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari Martínez, aclaró que aunque en un primer momento se había informado que la norma había sido sancionada y remitida al Ejecutivo para su promulgación, el procedimiento correcto implicaba su retorno al Senado. “Con modificación estamos aprobando (…) por lo cual se devuelve a la Cámara de Senadores para fines constitucionales”, indicó Huaytari al cerrar la sesión.
Uno de los puntos más polémicos de la discusión fue la disposición relacionada con la suplencia del Fiscal General en caso de destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento. Esta disposición, basada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, generó críticas de la oposición. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, advirtió que la norma podría permitir al oficialismo imponer un Fiscal General alineado con sus intereses, lo que, según él, podría tener repercusiones negativas para la seguridad jurídica y la economía del país.
“El oficialismo quiere poner, no un Fiscal General del Estado, sino un perro dóberman que persiga a cualquiera que le dé la contra y eso da inseguridad a las inversiones, a la propiedad privada y si la economía está sufriendo, están sufriendo las familias bolivianas, con este tipo de señales se agudiza la crisis, se agudiza el sufrimiento”, expresó Roca.
La disposición tercera del proyecto de ley establece que la Fiscalía General del Estado debe remitir la documentación pertinente 25 días antes de la culminación del mandato del Fiscal General, y que la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado queda facultada para solicitar cualquier información adicional que considere necesaria para el proceso de selección.
Con el proyecto ahora de vuelta en el Senado, queda por verse si la Cámara Alta ratificará las modificaciones introducidas o si se abrirá un nuevo capítulo en este complejo proceso legislativo. Lo que está en juego no es solo la elección de un nuevo Fiscal General, sino también la percepción de la independencia del poder judicial en un contexto político altamente polarizado.