Dirigentes de sindicatos de cocaleros del Chapare estarían involucrados en la entrega de dos adolescentes, de 14 y 15 años, a Evo Morales, quienes habrían sido víctimas de violación en la Casa de Gobierno. Tatiana Herrera, directora de Género de la Alcaldía de Cochabamba, informó que las jóvenes, quienes inicialmente fueron convocadas para realizar labores de limpieza, señalan a Morales como el responsable de los abusos. Como resultado de estos hechos, una de las víctimas dio a luz.
Según Herrera, las adolescentes fueron contactadas a través de un dirigente cocalero y llevadas al Palacio de Gobierno para trabajar. Sin embargo, las víctimas relataron que fueron sometidas a abusos sexuales. La directora destacó que en estos casos no se trató de simples invitaciones a eventos, sino de explotación laboral infantil, lo cual constituye un delito. Herrera mencionó que en la denuncia se cita el artículo 308 bis del Código Penal, que tipifica la violación.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía, pero Herrera lamentó que, pese a los indicios y testimonios, los fiscales involucrados mostraron falta de interés en avanzar con los casos, sugiriendo posibles presiones o irregularidades.
Contexto de los hechos
Los abusos denunciados datan de 2014, cuando Evo Morales ejercía la presidencia de Bolivia. Los sindicatos de cocaleros, presididos por Morales desde 2005, estarían implicados en la supuesta entrega de estas jóvenes para que trabajaran en la Casa de Gobierno. La directora de Género también subrayó que, en varias ocasiones, recibió información sobre casos de trata de personas vinculados a dichos sindicatos.
Las víctimas, que ahora son madres, habrían enfrentado persecuciones y amenazas tras presentar las denuncias. Herrera detalló que una de las jóvenes sufrió represalias contra su familia, lo que resultó en el encarcelamiento de sus padres bajo lo que describió como un “proceso montado”.
Reacciones políticas
Gualberto Arispe, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y representante del Trópico de Cochabamba, desestimó las denuncias, calificándolas como un ataque político dirigido por el Gobierno del presidente Luis Arce. Arispe afirmó que estas acusaciones tienen fines políticos y no cree en su veracidad.
Este caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por las posibles implicaciones políticas y judiciales que podrían derivarse. Las denuncias señalan a altos dirigentes cocaleros y autoridades de la Fiscalía de la gestión de Morales, entre ellos Ramiro Guerrero, exfiscal general y actual viceministro de Desarrollo y Tierras, quien también estuvo involucrado en el manejo de otro caso polémico, el de Gabriela Zapata en 2016.
Implicaciones y seguimiento
Las víctimas aún temen represalias, pero cuentan con apoyo legal y de otras autoridades para asegurar su protección y que se haga justicia. Las denuncias abren interrogantes sobre la posible complicidad de dirigentes y funcionarios en la protección de Morales durante su mandato, además de poner sobre la mesa el rol de la Fiscalía en la investigación de estos delitos.
Este caso no solo apunta a un posible abuso de poder por parte de Evo Morales, sino también a un sistema judicial que, según los denunciantes, ha sido incapaz de proteger a las víctimas.