Representantes de gremiales, agropecuarios y transportistas dieron al Gobierno un plazo de 14 días para derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos en almacenes y depósitos. La decisión fue anunciada este lunes tras una reunión multisectorial, donde también se delinearon posibles movilizaciones si no se atienden sus demandas.
“Antes de llegar a la movilización tenemos 14 días. El Gobierno nacional tiene como plazo prudente todo este tiempo para escuchar las demandas de los sectores”, declaró César Gonzáles, dirigente gremial.
La disposición en cuestión autoriza al Ejecutivo a incautar mercadería, una medida que Gonzáles calificó como “un robo legalizado”. Según el dirigente, esto afectará directamente a los productores y comerciantes, por lo que exigen su inmediata derogación.
Además, los sectores plantearon impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en cuatro pilares: familia, propiedad privada, estado de derecho y tecnología. También anunciaron su intención de crear una central que aglutine a trabajadores por cuenta propia, productores, transportistas y comerciantes, además de otros sectores como salud, educación y turismo.
Un encuentro multisectorial está previsto para el 20 de enero, donde se trabajarán propuestas y soluciones integrales para el país. En tanto, se mantienen en estado de emergencia y advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable, convocarán a una movilización nacional para el 27 de enero.
Los líderes reiteraron que agotarán las instancias de diálogo antes de implementar bloqueos y otras medidas de presión, destacando su intención de evitar un conflicto mayor. Sin embargo, alertaron que la disposición podría generar serias repercusiones económicas y sociales si no se atienden sus exigencias.