ANF.- ¡Basta! Yo firmo ¡referendo ya! Es el lema con el que el grupo de juristas independientes iniciarán este miércoles 25 de enero la cruzada nacional de recolección de 1,5 millones de firmas para el referendo de modificación parcial de la Constitución Política del Estado sobre temas de la Justicia.
El abogado Juan del Granado, miembro de este grupo, informó que necesitan recolectar 1.5 millones de firmas, en 15 mil libros, los que deben ser sellados y autorizados por el Tribunal Supremo Electoral.
Este miércoles empezará la cruzada en todo el país, inicialmente y de manera “inmediata” enviarán 5.000 libros, tras la autorización del Tribunal Supremo Electoral, a las nueve ciudades capitales del país, además de Riberalta y el Chaco.
“Para iniciar el miércoles 25 de enero en todo el país a la misma hora, entre las 10 y 11 de la mañana, la apertura de los libros y el inicio de esta gran cruzada nacional. El lanzamiento o apertura de los libros en todo el país”, informó Del Granado.
Detalló que nueve comités departamentales, conformados a lo largo de la socialización de la propuesta de reforma judicial, son los encargados principales de la logística. Además, se sumó la Iglesia Católica a través de la Fundación Jubileo.
También se sumará la Unión de Instituciones para el Desarrollo Social (Unitas) que tiene una treintena de instituciones afiliadas que “van a reforzar” a nivel nacional y departamental toda la campaña de recolección de firmas.
Así como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) que ha emitido un pronunciamiento adhiriéndose a esta movilización, en consecuencia “todas las adhesiones son vitales que están demostrando el apoyo ciudadano”.
¿Por qué es importante la firma de la población?
Del Granado dijo que para que prospere la iniciativa ciudadana se necesita 1,5 millones de personas que estén de acuerdo con un referendo para transformar la Justicia que “está de cabeza, al revés, está absolutamente sometida al poder político, está transversalizada por la corrupción, por la retardación, el prevaricato”.
En el país existen 1.100 jueces, 50 fiscales, quienes tienen que trabajar “en condiciones deplorables para cubrir solamente un 40% de los municipios porque el Gobierno asigna a la Justicia un “presupuesto miserable”.
Considera que este escenario está poniendo en riesgo la “libertad, la dignidad, la honra, el patrimonio de todos los bolivianos, incluso ya está poniendo en riesgo la propia estabilidad democrática.
“Hay que terminar con esta Justicia discriminadora que llega a pocos”, afirma el también exalcalde de La Paz y abogado de las víctimas de la dictadura de Luis García Meza, al exhortar y llamar a la ciudadanía a sumarse a esta cruzada.
Para que en el futuro haya jueces ciudadanos, devolver las atribuciones de la Justicia indígena originaria campesina, además de cambiar la forma de selección y elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Y definitivamente tenemos que incrementar el presupuesto judicial inscribiendo un porcentaje en la Constitución y administrarlo con una nuevo Consejo de la Magistratura. “Esta es la propuesta de la reforma. El cambio de 15 artículos de la Constitución”.