El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando ha identificado 155 pasos ilegales utilizados por redes delictivas para exportar alimentos de manera clandestina, según informó el titular de ese despacho, Luis Amílcar Velásquez. Esta actividad, conocida como “contrabando a la inversa”, ha encendido las alarmas en el Gobierno, que ha implementado medidas más estrictas para controlar la situación.
El contrabando de alimentos a través de las fronteras de Bolivia ha afectado la economía nacional y la seguridad alimentaria, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar el control en las fronteras con la colaboración del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC). Esta estrategia busca detener el flujo ilícito de productos hacia otros países, particularmente a través de las fronteras con Perú, Chile, Argentina y Paraguay.
Tres líneas de intervención
Para enfrentar esta problemática, el Gobierno ha estructurado un nuevo sistema de control basado en tres líneas de interdicción:
1. Primera Línea: Control fronterizo
En los 2.151 kilómetros de frontera, especialmente en el occidente del país, el CEO-LCC, con 400 efectivos capacitados, vigila los pasos ilegales identificados. Esta primera línea se enfoca en bloquear los 155 puntos clandestinos que los contrabandistas utilizan para el tráfico de alimentos.
2. Segunda Línea: Control en las redes viales
Esta línea se centra en las rutas principales del país. Los puntos de control aduanero en las carreteras trabajan en conjunto con grupos de reacción inmediata, compuestos por personal del CEO-LCC y agentes de la Aduana Nacional. Su misión es interceptar y decomisar cargamentos de contrabando antes de que lleguen a los mercados.
3. Tercera Línea: Inspección en mercados
Finalmente, el control llega a los mercados y centros de abasto, donde el Comité de Seguridad Alimentaria tiene la tarea de identificar productos de contrabando en la cadena de distribución.
Implicaciones para la economía y seguridad
El contrabando de alimentos afecta gravemente a la economía local, ya que los productos salen del país sin pasar por los canales legales, lo que provoca pérdidas en la recaudación de impuestos y afecta la producción nacional. Además, este fenómeno impacta la seguridad alimentaria, al reducir la disponibilidad de productos básicos para los ciudadanos.
Las autoridades aseguran que la militarización de las fronteras, junto con estas tres líneas de control, es clave para detener el contrabando y proteger los intereses del país. El viceministro Velásquez reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar con estos esfuerzos y evitar que las organizaciones delictivas sigan afectando la economía y la soberanía alimentaria de Bolivia.