El exalcalde de Cochabamba, José María Leyes Justiniano, de 46 años de edad, fue sentenciado a cinco años de cárcel por el caso denominado “comida” y quedó inhabilitado por ese mismo lapso de tiempo en el ejercicio de sus funciones como abogado; además de reparar los daños y perjuicios ocasionados al Estado.
De acuerdo con el dictamen del Tribunal de Sentencia N° 10 de la capital, el exalcalde, quien huyó del país para eludir a la justicia, una vez que sea capturado y retornado a Bolivia deberá cumplir su condena en la cárcel de San Sebastián varones de la ciudad de Cochabamba.
La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero, dijo que Leyes fue condenado por ser autor de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
“Llama la atención que todo el proceso de contratación se realizó en un solo día, el 16 de abril de 2020, sin mencionar que la empresa contratada no cumplía con los requisitos mínimos para poder ser elegida en este tipo de procesos administrativos, por eso dentro del juicio oral se presentaron todas las pruebas que se colectaron en la investigación entre ellas: leyes municipales, decretos y reglamentos que demuestran la culpabilidad y autoría del ahora sentenciado”, apuntó.
Por su parte, el fiscal a cargo del caso, Marcelo Requiz, señaló que el hecho se produjo el mes de abril de 2020, en Cochabamba, en ese entonces, el alcalde José María Leyes emitió un decreto municipal en el que autorizaba, por emergencia de bienes y servicios, la compra de alimentación para policías y militares, a través de una empresa de distribución de comida.
Dicha contratación fue observada por los concejales del municipio, quienes denunciaron que la adjudicación se realizó con varias irregularidades, la principal que la empresa no cumplía con todos los requisitos de la convocatoria pública para prestar servicios a una entidad municipal.
Ante esas denuncias, el exalcalde y varios de sus funcionarios fueron aprehendidos e imputados el año 2021, luego de haberse hallado indicios de hechos de corrupción en la contratación realizada.