La Comisión Mixta de Justicia Plural cerró la etapa de evaluación oral y presentación de propuestas de gestión para los candidatos a Fiscal General del Estado, con resultados que destacan a más de 21 de los 33 postulantes al superar los 130 puntos, el mínimo requerido para avanzar en el proceso. La decisión final ahora queda en manos del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que será la encargada de elegir a la nueva autoridad que reemplazará a Juan Lanchipa.
De los 42 candidatos iniciales, 7 retiraron su postulación y 2 no se presentaron a las pruebas que se desarrollaron desde el pasado sábado, según informó el presidente de la Comisión, el senador Roberto Padilla. En total, 33 aspirantes, entre ellos 25 hombres y 8 mujeres, completaron las evaluaciones.
El proceso de selección sigue un cronograma riguroso. La Comisión Mixta tiene hasta el 17 de octubre para aprobar los informes finales y remitirlos a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, entre el 18 y el 23 de octubre, la Asamblea procederá con la designación y posesión del nuevo Fiscal General. Para ello, la Comisión deberá presentar una lista con los cinco a diez candidatos con las mejores calificaciones.
Entre los aspirantes que lograron destacar en la fase de evaluación se encuentran figuras como el fiscal de La Paz, William Alave, quien acumuló 186 puntos sobre 200; Yvan Córdova, con 170; el fiscal de Santa Cruz, Roger Mariaca, con 163; Edwin Quispe, con 161; y la magistrada Nuria Gonzales, con 160 puntos. Estos resultados, según fuentes de la red DTV, posicionan a estos postulantes como fuertes candidatos para la selección final.
El actual Fiscal General, Juan Lanchipa, dejará su cargo el 22 de octubre, por lo que el proceso de selección debe culminar el 23 de octubre, garantizando una transición fluida y la continuidad en la gestión de la Fiscalía General, una institución clave en el sistema de justicia del país. La transparencia y rigor de este proceso son fundamentales para asegurar la credibilidad en la administración de justicia y el correcto funcionamiento del Estado de derecho.
Las implicaciones de esta elección son significativas, pues la nueva autoridad tendrá la responsabilidad de liderar una institución que juega un papel crucial en la investigación y persecución penal, lo que impactará directamente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en Bolivia.