La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha solicitado la derogación inmediata de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, una normativa que, según el sector, vulnera derechos fundamentales al permitir la confiscación de productos bajo criterios que califican de arbitrarios.
En conferencia de prensa, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, afirmó que la medida afecta directamente derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, como el trabajo, la propiedad privada y el comercio. “Pedimos al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa que deroguen esta disposición para evitar un clima de inseguridad jurídica que desalienta la inversión y pone en riesgo la economía del país”, declaró.
La disposición en cuestión otorga a las autoridades la facultad de decomisar productos de aquellos que almacenen, retengan o busquen aumentar precios de alimentos esenciales. También obliga a productores y comerciantes a declarar información sobre su producción y comercialización, que será tratada como declaración jurada bajo confidencialidad.
Críticas del sector productivo
Camacho advirtió que esta medida podría incentivar la informalidad y abrir la puerta a prácticas extorsivas derivadas de malas interpretaciones por parte de funcionarios públicos. “En lugar de perseguir al sector formal, el Gobierno debería concentrarse en combatir el contrabando y el agio, que son los verdaderos responsables de la distorsión de precios”, señaló.
El líder industrial subrayó que el sector productivo mantiene una postura apolítica y está comprometido con el desarrollo del país. Añadió que el contexto actual demanda certidumbre para incrementar la producción y fomentar las exportaciones, en lugar de normativas que, a su juicio, paralizan el aparato productivo.
Defensa gubernamental
En respuesta, la senadora Ana María Castillo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), defendió la disposición, argumentando que busca frenar la especulación y el acaparamiento de alimentos, prácticas que generan inflación. “No se pretende perjudicar al sector productivo ni al comercio formal. Esta normativa está diseñada para controlar a los grandes especuladores”, afirmó.
Castillo instó a analizar la reglamentación que elaborará el Gobierno, asegurando que esta aclarará cualquier malentendido y evitará arbitrariedades. “El objetivo no es afectar a los productores formales, sino garantizar precios justos para la población”, puntualizó.
El debate en torno a esta disposición ha generado inquietud entre industriales, microempresarios y comerciantes, quienes temen que pueda agravar la inseguridad jurídica y desincentivar la inversión. A medida que el Ejecutivo avanza en la reglamentación de la norma, el sector productivo estará atento a si se toman en cuenta sus demandas para garantizar un entorno que estimule la producción y el comercio formal en el país.