La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a investigar, con “debida diligencia”, el presunto ataque armado contra Evo Morales, expresidente de Bolivia, ocurrido el pasado domingo en Cochabamba. En su pronunciamiento, la CIDH también exhortó al Gobierno a actuar de manera oportuna en puntos de conflicto para prevenir posibles brotes de violencia, en un contexto marcado por tensiones políticas y bloqueos impulsados por los seguidores de Morales en el país.
El comunicado, difundido a través de redes sociales, enfatizó la importancia de una investigación rigurosa sobre el ataque al vehículo en el que se transportaba Morales el 27 de octubre. La denuncia fue realizada por el propio Morales, quien afirmó que sufrió un atentado mientras se dirigía a una emisión semanal de su programa radial. La CIDH subrayó que la indagación debe realizarse con objetividad y profesionalismo, aunque no precisó su apoyo a una investigación internacional, como Morales ha solicitado a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organismos con los que el exmandatario guarda afinidad política.
En contraste, el Ejecutivo boliviano sostiene una versión diferente sobre los hechos. Según declaraciones de las autoridades, el incidente se habría originado cuando Morales evitó un control antidrogas en la región del Trópico de Cochabamba, y se apunta a que hubo un intercambio de disparos entre su equipo de seguridad y efectivos policiales. La CIDH, en su pronunciamiento, se abstuvo de respaldar esta postura y se limitó a exigir una investigación imparcial.
Además de solicitar justicia para el caso de Morales, la CIDH también destacó la necesidad de que el Estado boliviano garantice los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente en áreas de tensión. Desde hace más de dos semanas, el país enfrenta bloqueos y cortes de vías organizados por seguidores de Morales, quienes demandan cambios en las políticas gubernamentales y exigen el fin de lo que consideran una persecución política contra su líder. Cochabamba y, particularmente, la región del Trópico, se han convertido en los principales focos de este conflicto.
La CIDH enfatizó que el Gobierno debe adoptar medidas efectivas para evitar una escalada de violencia, instando a un diálogo con los actores sociales y políticos involucrados para reducir las tensiones. La situación actual no solo pone en riesgo la estabilidad social, sino que también afecta a la economía local, dificultando el transporte y encareciendo productos básicos.
La CIDH cerró su comunicado reiterando la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos y en la pronta respuesta a incidentes que involucren amenazas a figuras políticas, particularmente en un clima de conflicto que podría aumentar la polarización social.