La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó al Gobierno la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos y mercancías. En un comunicado oficial, el gremio manifestó su preocupación, calificando la norma como una medida que genera “inseguridad y zozobra” en el sector productivo.
La CEPB advirtió que esta disposición, a la que se refirieron como “confiscatoria”, afecta directamente a productores, comerciantes e industriales, permitiendo una intervención estatal que consideran perjudicial. “Exigimos ajustes normativos urgentes para anular esta medida que crea incertidumbre y desconfianza en las empresas, además de propiciar conflictos sociales innecesarios”, indicó el comunicado de la organización empresarial.
En respuesta, el Gobierno defendió la medida, argumentando que está diseñada exclusivamente para combatir el agio y la especulación. Según explicaron las autoridades, la disposición busca decomisar productos acumulados con fines especulativos, destinados a ser vendidos a precios inflados.
Postura empresarial
Aunque la CEPB respalda los esfuerzos contra actividades ilegales como el contrabando y la especulación, insiste en que las acciones deben centrarse en los sectores donde realmente ocurren estos problemas. “Es imperativo fortalecer los controles en áreas específicas sin afectar al sector formal, que genera empleo y contribuye al desarrollo económico del país”, señaló la organización en su comunicado.
Los empresarios también instaron al Gobierno a priorizar la coordinación y el diálogo antes de implementar decisiones que puedan impactar negativamente al sector productivo. En respuesta, las autoridades informaron que la norma se encuentra en proceso de reglamentación y que su aplicación será postergada hasta concluir este proceso. Además, convocaron a una mesa de diálogo con representantes de los sectores involucrados para debatir y aclarar los alcances de la medida.