Una empresa de origen argentino enfrenta graves acusaciones por presunta caza ilegal de fauna silvestre en el Área Protegida San Matías, ubicada en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Activistas ambientales denunciaron la matanza de al menos cinco jaguares durante 2023, lo que ha encendido las alarmas en la región.
Rodrigo Herrera, abogado de los denunciantes, informó que la denuncia fue formalizada en diciembre de 2024, lo que derivó en la conformación de una comisión investigadora. Este equipo está integrado por fiscales del municipio de Santiago de Velasco y liderado por la directora de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente.
Sin embargo, Herrera criticó la falta de apoyo de las instituciones gubernamentales encargadas de velar por el medio ambiente. “Ni el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) ni el Ministerio de Medio Ambiente han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso”, lamentó.
El Área Protegida San Matías, reconocida como un espacio de interés nacional, prohíbe estrictamente la caza deportiva de cualquier especie silvestre. “Estamos hablando de un delito grave. La Constitución Política del Estado (CPE) establece penas de hasta 10 años de prisión para quienes cometan este tipo de crímenes”, declaró Herrera, citado por Radio Fides.
Investigación apunta a red internacional
La investigación busca esclarecer los hechos y ha solicitado informes al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al Sernap para identificar al propietario del predio donde supuestamente operaba un club de caza. También se investigan posibles complicidades que habrían facilitado estas actividades ilícitas.
Según Herrera, la denuncia se sustenta en información proporcionada por una ONG brasileña que rastreó las actividades de la empresa involucrada en Brasil, Argentina y Bolivia. Durante los allanamientos realizados en la residencia del presunto propietario, las autoridades incautaron partes de animales, herramientas de caza y fotografías que vinculan al grupo con operaciones ilegales en territorio boliviano.
Preocupación social y demandas de acción
El caso ha generado profunda preocupación en organizaciones ambientalistas y la sociedad civil, que exigen respuestas contundentes por parte de las autoridades. “Es urgente que se implementen medidas efectivas para garantizar la protección de la fauna silvestre en el país”, señalaron representantes de colectivos medioambientales.
La caza ilegal de especies emblemáticas como el jaguar no solo representa una amenaza para la biodiversidad, sino que también expone la fragilidad de los mecanismos de control en las áreas protegidas de Bolivia.