La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha notificado formalmente al Estado boliviano el inicio de un proceso contencioso en relación con el caso denominado “Terrorismo”, tras no haberse alcanzado un acuerdo durante los últimos dos años. Según informó la Procuraduría General del Estado (PGE), la CIDH ha solicitado la designación de agentes estatales que representen al país en las gestiones procesales.
El caso se remonta a los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009, cuando la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) ingresó al hotel Las Américas, en Santa Cruz, con la misión de desmantelar un supuesto grupo separatista. En el operativo murieron los extranjeros Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Mario Tadic y Elöd Tóásó fueron detenidos y encarcelados preventivamente por más de cinco años.
En 2021, la CIDH emitió 28 recomendaciones dirigidas al Estado boliviano, de las cuales cuatro eran consideradas de fondo y no fueron cumplidas. Entre estas destacan la reparación integral con compensación económica a los afectados, la rehabilitación física y mental de los demandantes, el enjuiciamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y la adopción de medidas para prevenir hechos similares en el futuro. La falta de cumplimiento de estas recomendaciones ha derivado en la decisión de la CIDH de remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El operativo en el hotel Las Américas, que se llevó a cabo bajo la presidencia de Evo Morales y mientras Álvaro García Linera estaba a cargo interinamente, ha sido objeto de controversia y acusaciones políticas. En particular, se acusó al entonces líder cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, de sedición y separatismo, en el contexto de la creciente tensión entre el gobierno central y la región oriental del país, que en ese momento exigía mayor autonomía.
La decisión de la CIDH de pasar el caso a la etapa contenciosa subraya la complejidad de los hechos y las implicaciones legales para Bolivia, que ahora deberá enfrentar un proceso internacional ante la Corte IDH. La PGE ha lamentado que no se lograra un acuerdo durante el largo proceso de diálogo, atribuyendo la situación a la “intransigencia de los peticionarios” y a la dificultad de los hechos en cuestión.