El juicio por el caso conocido como el “salto de la muerte”, en el que resultaron gravemente heridos los entonces cadetes del Colegio Militar del Ejército Cristhian Alexander López Viamonte y Herlan Ángel Condori Calle, llegará a su fin el próximo 20 de noviembre. Ese día se llevará a cabo la audiencia de alegatos finales, en la que se espera que el tribunal dicte sentencia, según informó Karina Viamont, madre de López.
Viamont expresó su expectativa de justicia después de una “lucha de un año y siete meses”. En declaraciones a RTP, sostuvo que la caída que sufrieron los cadetes no fue un accidente, sino una acción premeditada por parte de tres instructores, quienes habrían planificado el ejercicio durante un mes. Según su versión, algunas personas dentro del Colegio Militar negaron la existencia del “salto de la muerte” como práctica formal, lo cual generó suspicacias, especialmente después de que el Ministerio de Defensa emitiera un comunicado comprometiéndose a retirar esta actividad de los entrenamientos.
Sara Calle, madre del cadete Condori, también se pronunció sobre el estado de su hijo, quien permanece internado en el Hospital Cossmil. “Mi hijo sigue mal. Quisiera verlo caminando, pero ahora depende de ayuda para todo. Todo mi hogar está destrozado; queremos justicia para estos jóvenes”, afirmó Calle.
El incidente ocurrió el 18 de abril de 2023, cuando los dos cadetes, durante el ejercicio de “salto de la muerte”, se lanzaron desde una altura aproximada de 20 metros. Ambos impactaron contra el suelo y sufrieron graves lesiones y fracturas. El hecho llevó a la remoción del comandante del Colegio Militar, Edward Rodrigo Aguilar Quiroga, y a la aprehensión del teniente Juan J.P., instructor de la institución.
En el marco del proceso judicial, el abogado defensor Manolo Rojas, quien representa a los instructores, sostiene que el evento fue un accidente y asegura que no existía ninguna orden para que los cadetes realizaran el salto. Las posiciones enfrentadas han alimentado la controversia en torno a este caso, mientras las familias de las víctimas mantienen su esperanza de que la justicia determine responsabilidades el 20 de noviembre.
Este juicio tiene gran relevancia para la opinión pública, pues plantea interrogantes sobre la seguridad en los entrenamientos militares y la responsabilidad institucional en la formación de los cadetes.