El Ministerio Público emitió una imputación formal en contra del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, por el presunto sobreprecio en la adquisición de 61 buses PumaKatari durante la gestión 2012-2013. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó que la exautoridad es investigada por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“Durante la investigación se encontraron suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría en contra del exalcalde, como la licitación pública internacional para la adquisición en agosto de 2012, la minuta de contrato para la adquisición entre la ex autoridad edil y el representante legal de Fabro Motors S.R.L, dos minutas de contrato modificatorio de 2012, entre otros indicios que hacen presumir que hubo un sobreprecio en el proceso de adquisición”, informó Alave.
El fiscal Thomas Choque indicó que el hecho se registró durante las gestiones 2012 y 2013, cuando la alcaldía de La Paz lanzó una licitación internacional para la adquisición de 61 buses. El montó previsto era de Bs. 70.052.400, pero luego de realizados los trámites se adjudicó la compra de los buses Pumakatari a la empresa Fabro Motors S.R.L., por un monto de Bs. 65.000.000.
El problema es que durante la investigación se encontraron indicios de que la empresa que se adjudicó la compra de los buses, no tenía la experiencia mínima para la importación de ese tipo de vehículos, a diferencia de otras empresas importadoras, por lo que se presume que la comisión calificadora benefició a la misma, según la Fiscalía.
“Entre los elementos de investigación colectados se encuentran una de las pólizas de los buses que establece que cada bus PumaKatari tendría un costo real de 60.480 dólares, pero el municipio de La Paz habría pagado 153.099 dólares, con un presunto sobreprecio de 92.619 dólares por cada bus adquirido a la empresa Fabro Motors S.R.L., por ello se establece un aparente sobreprecio total de cerca de 26.722.157 bolivianos, que habría causado un daño económico al Estado”, explicó Choque.
El fiscal indicó que Revilla no prestó declaración informativa por este caso y después de los actos investigativos para dar con su paradero, no fue habido en su domicilio y se desconoce su paradero.
Ante este escenario, se procedió a las notificaciones por ciudadanía digital y edictos establecidos por ley. “Dentro de la imputación estamos solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro”, adelantó.