La Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) anunció que no participará en la reunión convocada por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, destinada a discutir la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613, parte del Presupuesto General del Estado 2025.
El presidente de la CNC-Bolivia, Eduardo Olivo, reiteró la oposición del sector empresarial formal a esta normativa, argumentando que perjudica al sector productivo y genera efectos negativos como inseguridad jurídica, incentivo al contrabando, desincentivo a la inversión y duplicación de regulaciones ya existentes. Asimismo, enfatizó que delitos como el agio y la especulación ya están contemplados en el Código Penal, por lo que, a su juicio, incluir esta disposición en el presupuesto resulta innecesario.
“El Gobierno ha defendido esta medida en reiteradas ocasiones, pero consideramos que sus fundamentos son erróneos. Nuestro pedido es claro: eliminar la Disposición Séptima, no justificar su continuidad”, manifestó Olivo.
La reunión, prevista para este 28 de enero, tenía como propósito analizar los alcances y repercusiones de la normativa. Sin embargo, Olivo calificó el encuentro como un intento de legitimar una medida que, según él, carece de sustento técnico y jurídico.
En apoyo a otras organizaciones empresariales, como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Olivo también rechazó lo que calificó como un trato despectivo del Gobierno hacia esa institución. “La Cainco representa a un departamento clave para el desarrollo nacional y merece un trato respetuoso”, subrayó.
Finalmente, el titular de la CNC-Bolivia instó al Gobierno a priorizar medidas que beneficien a todos los bolivianos y aseguró que el sector empresarial continuará trabajando por el desarrollo económico del país.