Un tercer militar implicado en la presunta violación de una subteniente en el Batallón de Ingeniería Riosinho, en Cobija, fue aprehendido este viernes, informó Saúl Aparicio, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El acusado fue interceptado en un bus de transporte público cerca de Riberalta, en el departamento de Beni, durante un operativo relacionado con un caso que ha despertado indignación a nivel nacional.
El juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia de la Mujer Nº 3 de Cobija, Elías Mamani, ya había ordenado la detención preventiva de los otros dos acusados, identificados como Luis F. D. S. y Gabriel A. L. S., ambos imputados por el delito de violación agravada. Los detenidos permanecerán en el penal de Cobija mientras avanzan las investigaciones.
Los hechos
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, el crimen ocurrió el 20 de diciembre de 2024 durante una reunión en el recinto militar, donde se consumieron bebidas alcohólicas. La madre de la víctima, una subteniente del Ejército, relató que su hija fue obligada a participar en una k’oa, una ceremonia tradicional organizada por sus superiores. En el evento, la joven habría sido forzada a consumir alcohol hasta perder la consciencia.
La víctima despertó al día siguiente en la oficina de un coronel, cubierta con un mantel y sin ropa interior. Uno de los presuntos agresores, sin camiseta, permanecía en el lugar. Según las primeras declaraciones, los acusados son un coronel, un teniente y un soldado, quienes presuntamente habrían actuado en complicidad.
Reacciones
El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado condenando enérgicamente los hechos denunciados y anunciando la activación de procedimientos internos para esclarecer lo sucedido. “Rechazamos cualquier conducta que atente contra la dignidad y los derechos de nuestros integrantes”, señalaron en el documento oficial.
El caso ha generado un fuerte rechazo en la sociedad debido a la gravedad de las acusaciones y a las denuncias de encubrimiento dentro del entorno militar. Tanto las autoridades judiciales como las castrenses enfrentan el reto de garantizar una investigación exhaustiva y transparente. Mientras tanto, crece la presión social para que se apliquen sanciones ejemplares y se haga justicia.