En un avance significativo para la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, el Fiscal General del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, y el Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia Vásquez, firmaron hoy un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional. Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre ambos ministerios públicos en el ámbito de las investigaciones criminales.
El convenio establece el intercambio de información relevante para las investigaciones criminales que se desarrollan en ambos países y marca el inicio de la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Este equipo estará compuesto por fiscales y oficiales de Policía especializados de Bolivia y Chile, quienes trabajarán conjuntamente en la lucha contra delitos transnacionales como el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos.
Durante la ceremonia de firma, el Fiscal General Lanchipa destacó la importancia de este acuerdo, afirmando que “vamos a caminar juntos en este proceso de investigación conjunta en todos estos hechos que afectan a nuestras sociedades tanto en Chile como en Bolivia. Necesitamos avanzar de manera conjunta no solo en el trabajo entre ambas fiscalías, sino también ampliar la colaboración a otras fiscalías. El crimen organizado, presente en toda la región, puede ser abordado de manera más coordinada y eficiente con una información expedita y espontánea.”
Por su parte, el Fiscal Nacional chileno, Ángel Valencia Vásquez, elogió la sólida relación de trabajo que se ha desarrollado en los últimos dos años entre ambos países. “Hemos suscrito dos acuerdos importantes: uno para la formación del Equipo Conjunto de Investigación, basado en la Convención de Palermo, para combatir el narcotráfico, y otro para compartir buenas prácticas y experiencias”, indicó.
El nuevo convenio también contempla la implementación de actividades académicas, como talleres y capacitaciones, para fortalecer las capacidades de los funcionarios de ambos ministerios públicos. Esta iniciativa busca mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada y fortalecer la colaboración judicial entre Bolivia y Chile.