El gobierno boliviano, a través del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha confirmado que cumplirá con cualquier solicitud judicial proveniente de Argentina contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta investigaciones en ese país por presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual de menores. Del Castillo declaró este domingo que, si Bolivia recibe una alerta migratoria o un requerimiento legal en relación con Morales, actuará conforme a la ley.
La declaración de Bolivia sigue a la confirmación, el sábado, de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, sobre la apertura de una investigación penal en Argentina contra Morales. La denuncia fue presentada por el empresario y exministro boliviano Branko Marinkovic, quien acusa al exmandatario de la presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual. Bullrich se pronunció en redes sociales al respecto y declaró enfáticamente: “Morales, denunciado. El delito en suelo argentino se paga”.
Simultáneamente, Morales también enfrenta una investigación en Bolivia por un caso similar. Desde el 26 de septiembre, la Fiscalía de Tarija lo investiga bajo la sospecha de haber mantenido una relación con una menor, con quien presuntamente tuvo una hija en 2015, cuando aún era presidente. La fiscal a cargo, Sandra Gutiérrez, afirmó recientemente contar con “pruebas materiales” contra Morales, aunque hasta el momento no se ha ejecutado una orden de aprehensión.
Además de este caso, Morales enfrenta otras siete denuncias por abuso a menores en Cochabamba, las cuales han sido remitidas a la Fiscalía. En medio de estas acusaciones, simpatizantes del exmandatario mantienen un bloqueo de carreteras en el centro del país, que ya cumple 21 días, exigiendo el cese de los procesos judiciales en su contra. Este bloqueo incluye la retención de unos doscientos militares.
Morales, actualmente en huelga de hambre, sostiene que las acusaciones forman parte de un “Plan Cóndor de lawfare” supuestamente dirigido por Estados Unidos. Además, afirma haber sido víctima de un intento de atentado que, según él, fue frustrado gracias a la intervención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Morales insiste en que existe una campaña de persecución política en su contra.
Las investigaciones en Argentina y las acusaciones en Bolivia colocan a Morales en el centro de una compleja trama legal y política, cuyas repercusiones podrían impactar tanto su imagen como la estabilidad política en ambos países.