Bolivia concluye el año 2024 con 84 casos de feminicidios y 36 de infanticidios, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado. Ambas cifras representan un incremento respecto al año anterior, cuando se registraron 81 feminicidios y 25 infanticidios.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detalló que el departamento de La Paz lidera los casos de feminicidio, con 23 registros, seguido por Cochabamba con 18 y Santa Cruz con 15. En cuanto a los infanticidios, La Paz también encabeza la lista con 17 casos, mientras que Santa Cruz reportó nueve y Cochabamba, tres.
Tendencia histórica en feminicidios
Desde 2020, las cifras de feminicidios habían mostrado una tendencia a la baja. Ese año se reportaron 113 víctimas, seguido por 108 en 2021, 95 en 2022 y 81 en 2023. Sin embargo, el repunte registrado en 2024 rompe con esta tendencia y pone nuevamente en el foco la violencia de género en el país.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana indica que Santa Cruz concentra el mayor número de denuncias por violencia intrafamiliar, mientras que La Paz y El Alto se posicionan como las zonas con más feminicidios. Las investigaciones revelan que la mayoría de estos crímenes ocurren en el ámbito familiar, siendo los principales agresores esposos o exparejas de las víctimas.
En el caso de los infanticidios, los datos reflejan un incremento preocupante en comparación con 2023, cuando se registraron 25 casos. La mayoría de estas muertes también se dan en contextos de violencia intrafamiliar, lo que evidencia la vulnerabilidad extrema de los menores en ciertos entornos.
Refuerzo de políticas públicas
Estos datos resaltan la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y protección frente a la violencia de género e infantil. Expertos y autoridades coinciden en que es esencial mejorar la respuesta institucional para atender estos casos, así como promover estrategias educativas y de sensibilización en la sociedad boliviana.
La situación exige un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general para revertir estas tendencias y garantizar la seguridad y bienestar de mujeres y niños en el país.