Bolivia se posiciona como el país con mayor consumo de contenido audiovisual pirata en América Latina, una práctica que está causando un impacto crítico en el sector formal y las finanzas públicas. Según un informe del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), el 65% de los usuarios bolivianos accede regularmente a plataformas ilegales, el porcentaje más alto registrado en la región.
El informe detalla que la piratería audiovisual genera pérdidas anuales superiores a 56 millones de dólares para la industria formal en Bolivia. Mientras tanto, las plataformas ilegales, que operan al margen de cualquier regulación fiscal, obtienen ingresos estimados en 60 millones de dólares. Este fenómeno también afecta directamente a las arcas del Estado, con una pérdida fiscal aproximada de 15 millones de dólares por impuestos no recaudados, de acuerdo con la Alianza contra la Piratería Audiovisual.
El mercado potencial de televisión por suscripción en Bolivia asciende a 855.688 usuarios, pero solo 549.779 están afiliados a servicios legales, dejando una brecha de 305.909 usuarios que recurren a opciones ilícitas. Esto no solo erosiona los ingresos de las empresas del sector, sino que también impacta en la creación de empleo y fomenta una competencia desleal que perjudica a los operadores legales.
Ciberseguridad: el riesgo oculto
Además de las implicaciones económicas, la piratería expone a los usuarios a graves riesgos de ciberseguridad. Muchas plataformas ilegales emplean software malicioso diseñado para robar datos personales, activar cámaras de dispositivos sin consentimiento, rastrear ubicaciones y transmitir información sensible a terceros. Estas vulnerabilidades comprometen tanto la privacidad como la seguridad financiera de los usuarios.
El cet.la y la Alianza contra la Piratería Audiovisual han instado a las autoridades bolivianas y a la ciudadanía a tomar medidas inmediatas para combatir esta problemática. La piratería no solo representa un atentado contra la propiedad intelectual, sino que también frena el desarrollo de una industria audiovisual sostenible y perjudica a la economía formal.
El informe subraya la necesidad de adoptar una estrategia integral que combine regulaciones más estrictas, campañas educativas para sensibilizar al público y un esfuerzo colectivo para proteger tanto la economía formal como la seguridad de los usuarios en el entorno digital.