El alcalde de La Paz, Iván Arias, volverá a comparecer este miércoles ante la Fiscalía en calidad de investigado por el deslizamiento de mazamorra ocurrido el pasado 23 de noviembre en la zona de Bajo Llojeta. El desastre dejó como saldo la muerte de una niña de cinco años, además de afectar varias viviendas, lo que llevó al Ministerio Público a abrir una investigación de oficio.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó la citación y destacó el avance de las pesquisas. “De manera responsable, se está trabajando para resolver este caso”, afirmó.
Origen del deslizamiento
Las investigaciones señalan que la tragedia podría haberse originado por movimientos de tierra en el cementerio Los Andes, propiedad de la empresa inmobiliaria Kantutani. En relación con estos hechos, tres empleados de la compañía fueron aprehendidos el lunes, según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Además, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, también fue detenido el mismo día y trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para brindar su declaración. Las autoridades investigan a Arias bajo los cargos de incumplimiento de deberes y lesiones graves.
Debate sobre responsabilidades
El caso ha reavivado el debate sobre las responsabilidades municipales y empresariales en la supervisión de obras civiles que puedan representar un riesgo para la población. Expertos y ciudadanos exigen medidas concretas que permitan prevenir tragedias similares en el futuro.
Con las investigaciones en curso, la atención se centra en determinar posibles negligencias y establecer las acciones legales necesarias para garantizar la seguridad en las áreas urbanas vulnerables.