En un paso decisivo hacia la diversificación energética y la reducción de la dependencia del diésel tradicional, el Gobierno nacional ha aprobado un decreto supremo que permite la importación de equipos y maquinaria para la implementación de plantas de biodiésel con arancel cero. Esta medida, anunciada este miércoles por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, busca incentivar la producción del biocombustible en Bolivia, ofreciendo un marco favorable para la inversión privada en este sector estratégico.
El decreto supremo establece que las empresas privadas podrán importar maquinaria y factorías sin pagar aranceles, lo que representa un incentivo significativo para los actores del sector. Según Montenegro, estos beneficios fiscales están diseñados para estimular la instalación de plantas capaces de procesar cultivos como soya, cusi y totaí, entre otros, destinados exclusivamente a la producción de biodiésel que será comercializado a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Con 30 millones de dólares, hay factorías que pueden hacer cuarenta millones de litros de biodiésel, lo que equivale a un mes y medio de importación de diésel”, explicó Montenegro, subrayando el impacto potencial de esta iniciativa en la balanza energética del país. Además, mencionó que cada planta tiene un costo estimado de 12 millones de dólares, con un capital de trabajo adicional que oscila entre 15 y 18 millones de dólares.
La medida no solo busca fomentar la producción interna de biodiésel, sino también fortalecer la industria agrícola al promover nuevos cultivos destinados a la producción de este biocombustible. Con esta estrategia, el Gobierno apunta a construir un sector energético más sostenible y menos dependiente de las importaciones de combustibles fósiles.
Además del incentivo para la importación de maquinaria, el Gobierno también aprobó un segundo decreto supremo que facilita la descarga de facturas como crédito fiscal para las cooperativas de transporte. Este decreto permitirá a los afiliados a las cooperativas utilizar sus facturas como crédito fiscal en el marco del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), lo que representa un alivio financiero importante para este sector clave en la economía nacional.