El juicio oral contra los exprovinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia, Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas, fue aplazado para el 26 de marzo. La suspensión obedece a la solicitud de conexión virtual de Recolons, debido a su avanzada edad, y a un certificado médico presentado por Alaix.
La Fiscalía acusa a ambos exjesuitas de haber silenciado denuncias y protegido a Pedrajas, quien confesó en su diario personal haber abusado de al menos 85 menores, en su mayoría estudiantes del colegio Juan XXIII de Cochabamba. Recolons y Alaix ocuparon el cargo de provincial, la máxima autoridad de la orden en Bolivia, entre 1993 y 2007, y son señalados como actores clave en el encubrimiento de estos delitos, según las investigaciones.
El caso cobró relevancia en abril de 2023, tras una investigación publicada por el diario español El País, que dio a conocer los escritos de Pedrajas. En ellos, el sacerdote no solo detalló los abusos que perpetró, sino también el respaldo recibido de parte de las autoridades jesuitas, incluso después de las denuncias de las víctimas.
Las víctimas y su lucha por justicia
El impacto de los abusos sigue siendo devastador para las víctimas, muchas de las cuales enfrentan profundas secuelas emocionales y psicológicas. Hasta la fecha, al menos 15 personas han presentado denuncias formales contra Pedrajas y sus presuntos encubridores. Sin embargo, Edwin Alvarado, representante de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, denunció que ni las víctimas ni sus abogados fueron debidamente notificados sobre la audiencia judicial.
“Es fundamental que las víctimas participen en la próxima audiencia para asegurar que se escuche su voz”, enfatizó Alvarado, quien instó a las personas afectadas a asistir a la cita programada para el 26 de marzo a las 09:00 en el Juzgado Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Cochabamba.
El proceso judicial contra Recolons y Alaix representa un avance en la lucha contra la impunidad en casos de abuso sexual en la Iglesia boliviana. Las víctimas y organizaciones de derechos humanos esperan que este juicio siente un precedente que garantice justicia y transparencia en uno de los mayores escándalos de encubrimiento clerical registrados en el país.