Los líderes del paro en Santa Cruz están entre los autores materiales e intelectuales de la violencia durante los 36 días de paro y la Iglesia Católica fue uno de los actores que alentó la extrema medida, señala un informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), sobre lo ocurrido en esas jornadas.
El responsable de la APDHB, Édgar Salazar, informó al canal estatal que el contenido del informe será un insumo no solo para respaldar el accionar de la justicia en Bolivia, sino también para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas de la violencia.
“No van a poder escapar de la justicia internacional por estos crímenes de odio que han generado estas personas del Comité Interinstitucional”, afirmó en alusión al gobernador Fernando Camacho, al cívico Rómulo Calvo y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar.
La extrema medida de presión se extendió por 36 días, entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre, y estuvo marcada por hechos de violencia, saqueo de negocios, una violación grupal en un punto de bloqueo, cuatro muertes, la quema de la sede de campesinos, el saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental y otros hechos.
En el marco de una reunión del Comité Interinstitucional, los tres líderes del paro decidieron mantener un estado de emergencia, convocar a una marcha para el viernes y no acudir a las convocatorias judiciales en La Paz —ya que las denuncias por el paro se unificaron y fueron radicadas en La Paz— por considerarlas parte de una persecución judicial.
“Negar rotundamente que haya persecución política o judicial contra la dirigencia del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Ellos tienen que ser conscientes de que en esos 36 días hubo hechos violentos, violación de los derechos humanos, comisión de delitos penales. Son conscientes de que tienen que ser sometidos con todo el peso de la ley”, afirmó el activista.
Salazar consideró que no es posible un proceso en Santa Cruz contra los líderes del paro, porque no hay garantías para la labor judicial debido a la capacidad de presión de los acusados.