Desde el 14 de noviembre, entra en vigencia el Decreto Supremo 5271, que permite a empresas privadas importar y comercializar gasolina y diésel de manera libre, una medida impulsada para responder a las necesidades de distintos sectores productivos del país. Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), anunció que esta disposición estará vigente por un año y detalló que el combustible importado bajo esta norma no contará con la subvención estatal.
Según el decreto, la metodología para el cálculo de precios de estos combustibles importados será determinada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías mediante una Resolución Ministerial. Basándose en este cálculo, la ANH será la encargada de establecer el valor comercial del combustible. “Esta metodología se desarrollará durante los próximos cinco días y luego será publicada, permitiendo así que emitamos una resolución administrativa que regule los precios conforme al decreto”, explicó Jiménez.
Actualmente, el combustible subvencionado en Bolivia se vende a precios accesibles: la gasolina especial a Bs 3,74 el litro y el diésel a Bs 3,72 el litro, valores considerablemente más bajos que las cotizaciones internacionales. Sin embargo, con esta nueva disposición, el combustible importado por privados se comercializará sin subvención, lo que implica que los precios estarán sujetos a las condiciones del mercado global, marcando una diferencia notable en el costo para los usuarios.
Para importar combustible, las empresas privadas deben obtener la autorización de la ANH, en conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 28419 y su modificación por el Decreto Supremo N° 5218. Además, deben contar con un permiso previo de importación del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, según la normativa del Ministerio de Gobierno.
Esta medida representa una flexibilización del mercado de hidrocarburos en Bolivia y responde a las demandas del sector productivo, que ha manifestado su preocupación ante la falta de combustible para sus operaciones. A pesar de los beneficios potenciales en términos de oferta, la eliminación de la subvención en el combustible importado podría repercutir en los precios finales, lo cual podría tener un impacto directo en la cadena productiva y en los costos operativos de las empresas.