El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Jilata David Choquehuanca, envió una nota al Tribunal Supremo Electoral (TSE) este viernes, devolviendo las listas de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional. En la misiva dirigida al presidente del TSE, Oscar Abel Hassenteufel, Choquehuanca exhortó a la entidad a seguir adelante con el proceso de elecciones judiciales, en estricto cumplimiento de las normas legales y constitucionales vigentes.
El mandatario legislativo destacó que el Auto emitido el 16 de octubre por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz instruye al TSE a continuar con la organización y ejecución de las elecciones de magistrados y magistradas. “El Tribunal Supremo Electoral debe proseguir con el proceso electoral para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura”, recalcó Choquehuanca.
La exhortación se produce luego de que la Sala Constitucional Tercera otorgara la tutela solicitada por el dirigente Esteban Alavi, en una acción de cumplimiento contra los vocales del TSE. Este fallo judicial refuerza la obligación del órgano electoral de llevar a cabo las elecciones de las máximas autoridades judiciales del país, despejando las dudas sobre la continuidad del proceso.
Al devolver formalmente las listas de candidatos, el presidente de la ALP subrayó la necesidad de cumplir con el calendario electoral para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Con esta decisión, se reafirma el compromiso de respetar las atribuciones del TSE y avanzar en un proceso clave para la justicia en Bolivia.
Este avance en el proceso electoral tiene importantes implicaciones para el país, dado que se encuentra en juego la elección de autoridades que influirán directamente en el sistema judicial y la administración de justicia. El cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución del proceso son esenciales para garantizar la transparencia y legitimidad en la designación de las autoridades judiciales.