El Gobierno boliviano avanza en la preparación de un proyecto de Decreto Supremo que busca implementar medidas más estrictas para combatir el contrabando de alimentos. La iniciativa, liderada por el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, se enmarca en el contexto de la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.
El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, anunció que la nueva normativa será un complemento de la Ley 100, cuyo objetivo es mejorar la coordinación institucional y reforzar las capacidades estatales en las fronteras. “Estamos tomando acciones para que no exista contrabando de nuestros alimentos. El proyecto de Decreto Supremo reglamentará la Ley 100 para asegurar un mayor control sobre los productos que salen de nuestras fronteras,” declaró Siles en un informe reciente.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado que los alimentos producidos en Bolivia suelen ser más baratos en comparación con los precios en los países vecinos. Este diferencial ha sido identificado como una de las razones principales detrás del contrabando. Según Siles, el contrabando de arroz hacia Perú es un ejemplo de cómo los comerciantes inescrupulosos están aprovechando esta situación.
Para contrarrestar estas prácticas, la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) intensificará sus esfuerzos mediante la activación de su “Emapa móvil,” que llevará alimentos básicos a las ferias “Del Campo a la Olla.” Además, se implementarán controles más rigurosos en los puntos de producción, distribución y venta al consumidor final.
El Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, que incluye a viceministerios de Defensa del Usuario y Consumidor, Comercio y Logística Interna, Políticas de Industrialización, Lucha Contra el Contrabando, y Desarrollo Rural y Agropecuario, jugará un papel crucial en la implementación de estas medidas.
Además, el Gobierno se compromete a mantener una oferta estable de arroz y azúcar en los supermercados Emapa, y a continuar con la organización de ferias móviles para asegurar el acceso de la población a productos alimenticios a precios accesibles.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca no solo combatir el contrabando, sino también estabilizar los precios y asegurar la disponibilidad de alimentos esenciales para la población boliviana.