La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este viernes que los bolivianos deberán volverán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades judiciales, en reemplazo de los magistrados cuyo mandato concluyó en diciembre de 2023. Estos magistrados continúan en funciones gracias a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“La Constitución establece que el voto popular es el mecanismo democrático y constitucional para la designación de autoridades judiciales”, declaró Alcón, enfatizando que el proceso electoral es el camino vigente para renovar el Órgano Judicial. “Si necesitamos nuevas autoridades, corresponde convocar a elecciones”, añadió.
Participación ciudadana, clave en el proceso
La viceministra destacó el rol de la ciudadanía en las elecciones judiciales parciales celebradas el pasado 15 de diciembre, subrayando que el compromiso del pueblo boliviano es fundamental para fortalecer la democracia. Asimismo, desestimó las propuestas planteadas desde el Legislativo y otros sectores que sugieren alternativas para reemplazar a las actuales autoridades.
Una de estas propuestas considera que los candidatos con mejor votación en comicios previos, pero que no resultaron electos, asuman los cargos vacantes. No obstante, Alcón recalcó que esta alternativa requeriría reformas legales profundas y que el tema debe debatirse ampliamente. “Evidentemente, después de este proceso, habrá que analizar y debatir cuál es la mejor forma de elegir a los magistrados”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de cambios futuros en el sistema de designación.
En sus declaraciones, Alcón ratificó que el Gobierno respalda la plena vigencia de la Constitución Política del Estado como guía para resolver la actual situación. “A través de un proceso eleccionario, se deben realizar los cambios necesarios para contar con nuevas autoridades judiciales”, aseguró.
Frente a las críticas que responsabilizan al Ejecutivo por la demora de un año en la organización de estas elecciones, Alcón aclaró que “las competencias y responsabilidades recaen en cada órgano del Estado”, deslindando de esta manera al Gobierno de las acusaciones.
Legitimidad y reforma en el horizonte
El retorno a las urnas busca garantizar la legitimidad de las autoridades judiciales y preservar la separación de poderes en Bolivia. Este proceso también abre la posibilidad de debatir reformas estructurales al sistema de elección de magistrados, un tema que podría marcar la agenda política en los próximos meses.
Con este anuncio, el Gobierno refuerza su postura de que la voluntad popular es la base para resolver la crisis en el Órgano Judicial. Bolivia, una vez más, se prepara para un ejercicio democrático que definirá un nuevo capítulo en la historia institucional del país.