El alcalde de La Paz, Iván Arias, dejó la clínica Cordes este miércoles por la mañana para acudir a la Fiscalía, donde debe rendir declaración como investigado por el caso de la mazamorra en Bajo Llojeta. Este deslizamiento de tierra dejó más de 40 viviendas afectadas y cobró la vida de una niña.
Arias, quien había sido internado el martes en la noche tras sufrir una descompensación, salió con un tubo de oxígeno que portaba uno de sus colaboradores. A pesar de su delicado estado de salud, el asesor general de la Alcaldía, Óscar Navarro, confirmó que no se solicitó la suspensión de la comparecencia. Horas antes, Navarro había señalado que buscarían que los fiscales tomaran la declaración en la clínica, pero finalmente el alcalde decidió presentarse en la Fiscalía.
El caso de Bajo Llojeta ha generado polémica, pues Arias fue citado inicialmente como testigo, pero ahora se encuentra bajo investigación por presunto incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves. Según Navarro, el hecho investigado incluye el deslizamiento de tierra y la inundación que causaron los daños en la zona. Aunque existe la posibilidad de que Arias sea aprehendido, Navarro aseguró que el alcalde cumplió con todas sus obligaciones y calificó una eventual detención como “ilógica”.
El caso también involucra al alcalde de Achocalla, Manuel Condori, y a tres representantes de la empresa Kantutani, quienes ya fueron aprehendidos. Según las autoridades municipales paceñas, Kantutani habría realizado movimientos de tierra ilegales con el aval de la Alcaldía de Achocalla, lo que habría contribuido al deslizamiento.
El incidente de salud de Arias, sumado a la gravedad del caso, mantiene en vilo a los ciudadanos paceños, quienes esperan el desarrollo de las investigaciones para esclarecer responsabilidades.