El ministro de Minería, Alejandro Santos, exhortó a los mineros ilegales a regularizar sus trámites, advirtiendo que, de no hacerlo, el Gobierno empleará la fuerza pública para realizar operativos contra la minería ilegal.
“Si es que hacen caso omiso en lo que estamos expresando en este momento, el Ministerio de Minería, nuestro Ministerio de Gobierno, en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), haremos las batidas correspondientes para frenar toda la minería ilegal en el territorio boliviano, tal cual ordenan nuestras normativas vigentes”, declaró Santos.
La fiebre del oro ha desbordado la capacidad gubernamental para controlar la minería ilegal, especialmente en el norte paceño y diversas áreas protegidas, donde la destrucción ambiental es evidente. Comunidades que cayeron bajo el control de grupos autodenominados cooperativistas mineros sufren las consecuencias en sus ecosistemas. Ríos contaminados con mercurio, aguas no aptas para el consumo humano y fauna acuática envenenada son algunas de las secuelas de esta actividad. Además, la maquinaria pesada altera los cauces fluviales, provocando desbordes e inundaciones durante la temporada de lluvias.
“Hoy por hoy, y desde las anteriores gestiones, hay bastante minería ilegal en nuestro pueblo boliviano. En ese entendido, expresamos a los compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, que están infringiendo, que están trabajando sin autorización, les debo hacer notar que tramiten sus correspondientes permisos tal cual instruye la Constitución Política del Estado y también las normativas vigentes de nuestro país”, enfatizó el ministro.
En un intento por proteger sus territorios, autoridades y habitantes de Alto Beni y Palos Blancos, en el departamento de La Paz, entregaron a principios de mes mapas de sus zonas a la AJAM, cumpliendo con la Sentencia de Acción Popular N° 004-2023/AP del 25 de julio de 2023. Estas comunidades se declararon como áreas libres de explotación minera, respaldadas por una ley municipal.
No obstante, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, ha generado controversia al presentar un recurso de “conflicto positivo de competencia” ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la Ley 097 municipal de Alto Beni, que declara a esa región como agroecológica y libre de actividad minera. Esta acción ha sido criticada por el asambleísta departamental de La Paz, Israel Alanoca, quien acusa a Choquehuanca de buscar permitir la explotación minera en un territorio que se ha constituido como agroecológico, a pesar de su autoproclamada defensa de la Pachamama.