El Ministerio Público ha admitido la denuncia penal presentada por el exprocurador César Siles en contra de su predecesor, Wilfredo Chávez, quien es acusado de generar un daño económico al Estado por más de cinco millones de bolivianos. La denuncia señala que Chávez contrató abogados externos, tanto nacionales como extranjeros, para 10 casos, principalmente relacionados con derechos humanos, sin que estos aportaran significativamente a la defensa estatal.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó la admisión del caso y afirmó que el proceso seguirá su curso legal, señalando que Chávez será citado para prestar su declaración. “Entiendo que sí ha sido admitida la denuncia y va a seguir el procedimiento correspondiente”, declaró Lanchipa a la cadena televisiva Cadena A.
César Siles, aún en funciones como Procurador General cuando presentó la denuncia el 24 de septiembre, acusó a Chávez de privatizar la defensa del Estado mediante la contratación innecesaria de abogados, lo que, según sus cálculos, habría causado un perjuicio económico de 5.4 millones de bolivianos.
Chávez, por su parte, desestimó las acusaciones, calificándolas como una represalia política. En una conferencia de prensa realizada un día después de la denuncia, Chávez vinculó el caso con el éxito de la marcha del Movimiento al Socialismo (MAS) que llegó a La Paz el 23 de septiembre. “Es tema político porque la Marcha para salvar Bolivia fue exitosa… lamento que se empañe un momento histórico para el pueblo”, expresó.
La investigación preliminar realizada por la Procuraduría identificó que Chávez y su equipo podrían haber incurrido en delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, delitos que, de ser confirmados, podrían llevar a Chávez a enfrentar una condena de hasta 10 años de cárcel.