Los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) determinaron no ir al diálogo convocado por tercera vez por el Gobierno, debido a la “falta de seriedad” en su convocatoria en la que no señalaba el lugar de la reunión.
El vicepresidente de Adepcoca, Reynaldo Laura, indicó a los medios locales que en la carta enviada este miércoles por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras solo figuraba la hora del encuentro y que el lugar debía definirse en las próximas horas por esa cartera de Estado.
Sin embargo, hasta la hora fijada para la reunión, los cocaleros no recibieron información sobre el lugar del diálogo, por lo que enviarán una nota de respuesta a la invitación del ministro Remmy Gonzales.
Laura sostuvo que varios de los representantes y las bases de los cocaleros de Adepcoca volvieron a sus hogares para realizar una serie de asambleas para organizar la marcha anunciada para este domingo, que iniciará desde Los Yungas y que quiere llegar hasta la ciudad de La Paz, más de 100 kilómetros de caminata, exigiendo que se cierre el “mercado ilegal” de la hoja de coca.
El vicepresidente de Adepcoca señaló que, de ahora en adelante, están enfocados en organizar aquella marcha y que si el ministro Gonzales realmente quiere dialogar entonces debe ir a la marcha para hablar con los cocaleros.
“El socio productor quiere que (el ministro Gonzales) llegue al lugar de la marcha”, sostuvo Laura.
Por su parte, otros dirigentes cocaleros indicaron que es una “falta de seriedad” del Gobierno de Luis Arce realizar una convocatoria de este tipo y que lo consideran una falta de respeto.
Ya son cinco semanas de conflicto y los vecinos de los barrios donde se encuentran ambos mercados de la hoja de coca realizaron esta semana un bloqueo de vías con banderas blancas y carteles pidiendo “paz” en la zona y que de una vez se llegue a una solución al conflicto, ya que por los enfrentamientos y el uso de gases y dinamitas se han visto afectados.
Durante las jornadas de enfrentamientos, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el “uso indiscriminado” de dinamitas y gases y estimó que al menos unos 10.000 escolares han resultado afectados al no poder realizar sus estudios con normalidad.